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Buch presenta la macroauditoría de los Mossos con 31 de los 34 expedientes sin cerrar

El Govern anunció a finales de octubre del 2019 que los Mossos d’Esquadra llevarían a cabo la mayor auditoría interna en su historia para tratar de analizar qué había ocurrido durante los altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’. Fue una medida que se defendió como un ejercicio de transparencia para exponer qué casos de mala praxis habían protagonizado agentes de la policía catalana para contener a manifestantes que protestaban por la condena de nueve miembros del Govern de Carles Puigdemont. Ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), cuyos antidisturbios participaron también de aquellos días violencia urbana, anunciaron nada similar. Sin embargo, este lunes 29 de junio, cuando ha llegado el momento de conocer en qué había consistido tal autoexamen, el ‘conseller’ d’Interior, Miquel Buch, y el director general, Pere Ferrer, han presentado otra cosa: una reflexión del propio cuerpo para mejorar las actuaciones de orden público.

Buch y Ferrer han asegurado que esta había sido siempre la intención de la auditoría. No obstante, en octubre del 2019, cuando se anunció a bombo y platillo su creación, se subrayó que tendría este carácter depurador de casos de mala praxis, entre otros motivos, «por respeto» a los agentes del cuerpo que sí habían hecho «un gran esfuerzo» durante aquellos días. El propio Govern de Quim Torra, a través de su portavoz Meritxell Budó, lo vendió con esa pancarta: una vía para ajustar las cuentas a policías que se habían excedido golpeando a manifestantes independentistas. Lo de este lunes no tenía nada de eso. Entre otras cosas porque de las 34 intervenciones reprobables que, según los propios Mossos, sus agentes cometieron entre el 14 y el 18 de octubre, 31 todavía no se han cerrado. ¿Por qué presentarlo entonces ahora?  

Más de 1.000 horas de imágenes

Ferrer ha subrayado que para valorar lo ocurrido en octubre del 2019 se han visionado más de 1.000 horas de imágenes y que a partir de estas se han abierto 34 expedientes de actuaciones de los Mossos. De estas, 9 han sido intervenciones que señaladas por las entidades humanitarias Iridia y Amnistia Internacional.

De estas 34 actuaciones, la mitad, 17, se corresponden con casos en los cuales los ciudadanos afectados denunciaron los hechos judicialmente. Esto significa que el proceso se ha detenido hasta que se resuelva la vía judicial. De las otras 17, los Mossos han derivado 9 intervenciones a la Departament d’Afers Interns (DAI) porque son las que consideran susceptibles de generar informaciones reservadas, es decir, de ser sancionadas. Afers Interns solo ha terminado 3 de las 9 informaciones. Ha archivado 2 y ha sancionado a un agente temporalmente de empleo y sueldo. En otras palabras, la auditoría más importante en la historia del cuerpo ha terminado con el balance provisional de un solo agente sancionado por los hechos de octubre.

Manifestantes violentos

La auditoría ha sido otra cosa. Un análisis para revisar el modelo de orden público a partir de lo vivido durante unos altercados de una violencia sin precedentes. Los Mossos han concluido que la gran desproporción entre manifestantes violentos y agentes los llevó entre el 14 y el 18 de octubre a «un punto crítico». Entre los manifestantes independentistas hubo «grupos violentos» que denotaban «estrategia y coordinación» y una «firme voluntad de enfrentarse con los policías». Por este motivo, los Mossos, entre otras medidas reorganizativas, piden al Govern más agentes antidisturbios y al Parlament que apruebe dotarlos de nuevas herramientas. Las actuales: lanzadoras de foam y gas pimienta obligan a entrar a un cuerpo a cuerpo que deja muchos heridos. 

En los disturbios del otoño pasado los Mossos, según el comisario jefe, Eduard Sallent, crearon un dispositivo «pasivo y defensivo». «Las posiciones de los antidisturbios siempre fueron estáticas. Defendíamos nuestra posición porque no estábamos dipuestos a dejar que los manifestantes, que empleaban una gran violencia, llegaran a infraestructuras críticas como el aeropuerto o la sede de la ‘conselleria’, de la delegación del gobierno español en Catalunya o la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana. Esa fue la línea roja. La lluvia de objetos que cayó sobre los antidisturbios impresionaba«, ha recordado Sallent. 

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